El alcalde oriolano, Monserrate Guillén, desmiente las acusaciones de la Generalitat valenciana y asegura que el Consistorio no ha depositado basura en el vertedero de Abanilla
El alcalde de la localidad alicantina de Orihuela, el ecologista Monserrate Guillén, negó este viernes que el Consistorio haya depositado residuos urbanos en vertederos de la región de Murcia e instó al Gobierno valenciano a cerrar las instalaciones de Proambiente en Abanilla.
Es la repuesta de Guillén al expediente sancionador abierto por la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana al Ayuntamiento oriolano por trasladar presuntamente residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria fuera del territorio de esa comunidad, en alusión al vertedero de Proambiente, situado entre Orihuela y Abanilla.
En concreto, el expediente se refiere a traslados registrados entre junio de 2011 y enero de 2012, periodo en el que era una UTE empresarial -Liasur, Sufi y Gobancastla- la responsable de llevar los residuos a la planta de Proambiente, según explicó en rueda de prensa el alcalde oriolano.
Guillén aseguró no entender por qué el expediente, en el que se propone una sanción económica de 10.000 euros, se dirige al Consistorio y no a la UTE, que ejercía de «operadora» del traslado de los residuos.
El alcalde explicó que la planta de Proambiente decidió no dar servicio a la UTE en enero de 2012, al parecer por problemas entre las mercantiles, por lo que la «operadora optó por remitirlas al vertedero de Arbanosa, en Crevillente».
Un mes después, el Consistorio recuperó como público el servicio de recogida de residuos y de limpieza viaria, por lo que «se convierte en operador», dijo Guillén, y siguió remitiendo los residuos a las instalaciones de Crevillente.
«No se enteran de que La Murada -donde se ubican parcialmente las instalaciones de Proambiente- es término municipal de Orihuela», manifestó Guillén, quien entiende que la intención de este expediente por parte de la Generalitat es evitar reconocer que la planta de Proambiente, que acumula nueve expedientes sancionadores, es territorio de la Comunidad Valenciana.
«Saben que no han hecho los deberes» de inspección durante más de 20 años, añadió Guillén, quien instó a la consejera de Medio Ambiente, Isabel Bonig, y al director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, a «cerrar definitivamente las instalaciones de Proambiente».
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