La Guardia Civil denuncia cuatro vertederos ilegales de escombros

Texto e imagen extraídos de  La Opinión. Noticia publicada en La Opinión de Murcia (14/06/2009)

El Ayuntamiento ha decretado el inicio de un expediente sancionador contra las empresas de transportes que operan en ellos y que se enfrentan a sanciones de entre 6.000 y 12.000 euros

T. DEL CERRO/C. FERNÁNDEZ Multas de entre 6.000 y 12.000 euros. Es a lo que se enfrentan cuatro empresas de transportes de residuos que, según ha denunciado el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), operan en vertederos ilegales dentro del termino municipal de Murcia. Se trata de un tipo de infracción que en la Ordenanza de Limpieza Viaria del Ayuntamiento está calificada como de "muy grave", por lo que -tras las denuncias del Seprona y las posteriores actas presentadas por la Patrulla Ecológica de la Policía Local- el Servicio de Medio Ambiente ha ordenado que se inicien los correspondientes expedientes sancionadores contra las empresas infractoras.

Estas actuaciones son el resultado de un escrito presentado por la Asociación de Transportistas de Residuos de la Región de Murcia (Atraresmur) ante el Seprona, el Ayuntamiento y la consejería de Medio Ambiente, en el que denunciaban que algunas empresas del sector están explotando vertederos ilegales al margen de la legislación regional y nacional.

En este escrito, Atraresmur citaba cinco empresas que operan en vertederos ilegales, así como la ubicación de los mismos: Francisco Cano Martínez (antiguas instalaciones de Ingeniería Urbana en el camino del cementerio de Jabalí Nuevo); Redesan Murcia S.L. (parcela rústica C/El Palmeral, junto a depósito de agua potable, de Sangonera la Verde); Transcubamar (camino viejo de Fortuna, antigua cantera de Cabezo de Torres); y Contenedores Los Amarillos (Carretera de Barqueros, kilómetro 4,5, paraje Cuesta Blanca, cruce con Camino de la Batalla).

También se cita a Excavaciones Montoya e Hijos S.L., que aunque tiene sede en Sangonera la Verde, la escombrera está situada en Las Torres de Cotillas, por lo que el ayuntamiento de Murcia no tiene competencias. En los otros cuatro casos, el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha dado los siguientes pasos: abrir un expediente por los hechos denunciados, informar al Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería y a las secciones administrativas correspondientes, así como encargar al inspector Jefe de la Policía Local que comprobase la veracidad de los hechos denunciados. 

 

Así, fuentes municipales han informado de que se han iniciado los expedientes sancionadores en los cuatro casos denunciados dentro del municipio, acompañados por las respectivas denuncias del Seprona y las actas en el mismo sentido de la Policía Local. Desde la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, se ha informado de que se están investigando los hechos denunciados y que se realizarían inspecciones a los vertederos.

En su denuncia, Atraresmur recordaba que la ley de residuos faculta al ayuntamiento de Murcia a cerrar los vertederos ilegales, por lo que instaba al Consistorio a actuar contra estas escombreras. Estos empresarios denunciaban "que no sólo nos esta perjudicando la crisis, ya que dependemos en exclusiva del sector de la construcción, también somos víctimas de una competencia desleal por parte de las empresas que depositan sus residuos en escombreras ilegales, quedándose con el pan de nuestras familias". Atraresmur es una asociación que nace en 2008 y que está formada por pequeñas empresas que realizan la recogida selectiva de residuos y el vertido de los mismos en gestores autorizados, pagando la tasa e impuestos que se derivan de los mismos.

Estos empresarios aseguran que "no queremos que las empresas que actúan al margen de la ley dejen de trabajar, sino que lo hagan legalmente, que cesen los vertidos ilegales y que los ayuntamientos cumplan con la normativa vigente; que se sancione a quienes realizan los vertidos ilegales".

Asimismo, estos transportistas añaden que "la ley prevé claramente que la sanción nunca puede ser menor que el beneficio obtenido por el infractor, pero hasta ahora los ayuntamientos han dejado que se continúe con los vertidos o bien imponen sanciones ridículas, cuando debería de calcularse el total de los residuos depositados y aplicarles el precio que no han pagado, además de exigirles las responsabilidades medioambientales que se pudieran derivar. Las cifras por trabajar con vertederos autorizados se estiman entre 6.000 y 9.000 euros al año por vehículo".