El colectivo Vertivega, compuesto por vecinos de la pedanía oriolana de La Murada, alerta de que el juzgado podría levantar en breve el cierre de la planta
07.11.2013 | 17:17
V. G. /D. P.
MURCIA/ALICANTE Vertivega, el colectivo vecinal que lucha por el cierre
definitivo del vertedero de Proambiente, que sitúa sus instalaciones a
caballo entre Abanilla y la pedanía oriolana de La Murada, ha convocado
para el 9 de noviembre una manifestación, que espera multitudinaria, por
las calles de Murcia en la que reclamará el cese definitivo de la
actividad de esta planta y denunciará las «prisas» de la empresa gestora
y de la administración autonómica murciana por reabrir el vaso 3.
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| Vecinos de La Murada visitan la zona donde se han localizado los vertidos de lixiviados contaminantes. | . |
Esta convocatoria coincide con el reciente pronunciamiento del juzgado 4 de Cieza, que investiga al vertedero por un delito contra lo recursos naturales y el medio ambiente desde 2011, en el que, según señalan desde la Plataforma, viene a decir que va a levantar el cese cautelar de la actividad en el vertedero y pide a la dirección general de Medio Ambiente de Murcia que compruebe que se cumplen las condiciones exigidas para reanudar la actividad en el vaso 3.
Vertivega interpreta que este alzamiento de la medida cautelar provocaría la obtención por parte de Proambiente de la autorización ambiental integrada por la vía rápida sin la necesaria participación pública, para así «poder enterrar las miles de toneladas provenientes de buena parte de los municipios de la Vega (lo que) se traduce en nuevos episodios de infracciones y afección directa al medio ambiente».
El propio alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén (Los Verdes), criticó recientemente la gestión que el Gobierno de la Región de Murcia están realizando en el vertedero de Proambiente y le acusó de estar favoreciendo su reapertura ante el juzgado 4 de Cieza. El regidor afirmó que el Gobierno murciano está intentando «salvar la cara» después de que la mercantil depositara el aval de 3,3 millones de euros que le reclamó como paso para tramitar las licencias y legalizar su situación.
La suspensión de la actividad se adoptó en junio de 2012 después de que la Guardia Civil entrara en las instalaciones, realizara una inspección por sorpresa y comprobara que se estaba enterrando basura en zanjas saltándose la orden previa de la consejería de Medio Ambiente de Murcia de prohibición de enterramiento de basura adoptada, en septiembre de 2011 por las reiteradas irregularidades en el recinto.
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