Ir a noticia (El comercio.es 16/11/12)
Tiene un expediente de infracción abierto tras detectar basureros como los señalados en Asturias por la fiscalía
16.11.12 - 00:44 -
RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.
El fiscal delegado de Medio Ambiente, Joaquín de la Riva, ha identificado a transportistas que descargan contenedores de escombros en fincas privadas. La ley les obliga a entregar la carga a las industrias homologadas para reciclar o aprovecharla en operaciones de rellenos debidamente autorizadas. La investigación de la fiscalía no ha sorprendido en la Consejería de Medio Ambiente, que tienen expedientes sancionadores en trámite por motivos similares. Paz Orviz, directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático, expuso como ayer publicaba este diario que «los vertederos ilegales son un riesgo para la salud pública» pero que el problema en Asturias «no es tan acuciante como en otros territorios».
«Es verdad, el caso asturiano no es único, estamos ante un problema general», ratifica José Ignacio Tetre, presidente de la Asociación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición (Gerd). Esta patronal formalizó en diciembre de 2010 una queja ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Su denuncia asegura que las empresas dedicadas a reciclar escombros de obra pagan la «falta total de interés de las administraciones autonómicas y locales» para hacer cumplir la legislación. La comunidad autónoma es la encargada de velar por la gestión y transporte de los residuos, los ayuntamientos tienen la competencia para sancionar y reparar los vertederos ilegales.
El escaso acatamiento de la ley «se traduce en una distorsión de precios en el mercado y aumento del vertido ilegal e incontrolado», asevera la denuncia. «El residuo, al no estar controlado por la administración busca el camino fácil del vertido ilegal», abundaba.
Enterada del asunto, la Comisión inició una investigación uno de cuyos primeros pasos fue pedir explicaciones al Ministerio de Medio Ambiente. El ministerio a su vez se puso en contacto con todas las consejerías del ramo, incluida la asturiana, para recabar argumentos con los que responder al requerimiento. El 28 de febrero pasados, la Comisión respondió a la patronal, informando de que «ha incoado un expediente de infracción por vertederos ilegales en funcionamiento o clausurados, pero no restaurados, expediente que sigue su curso en la actualidad tras haberse emitido un dictamen motivado». El Ejecutivo comunitario advierte que «de persistir la situación, podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE».
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